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Sociología crítica de la modernización: Reflexiones sociológicas sobre el Estado burocrático y sus tipos de racionalidad [1]*
Alejandro Osorio
Introducción
En su célebre texto “Ciencia y técnica como ideología” Jurgen Habermas estableció la siguiente afirmación; La sociedad occidental comenzó a devenir en amplios procesos de racionalización, en el que la expansión de los ámbitos sociales han sido subsumidos a los criterios de la decisión racional[2]1. Esta trascendental aseveración realizada por Habermas da cuenta de la radical importancia y preeminencia de la razón occidental aplicada a los procesos modernizadores y cómo ello se ha traducido en la matematización de la experiencia donde el capitalismo moderno ha devenido en un tipo de sociedad compleja y diferenciada, cuya racionalidad, tanto a nivel de las redes institucionales, como también de las distintas formas de integración de los actores sociales, han quedado subordinadas a la racionalidad técnico-instrumental por sobre cualquier “sentido” o “significación simbólica” normativa que permita la construcción de un orden social competitivo.
La racionalidad instrumental, aquella idea encarnada en una tecnología de la dominación ha devenido en un sistema cultural y material (una economía, una tecnología, un “modo de vida”, una ciencia, un arte) que alcanzó su más elevado estadio de desarrollo en el capitalismo industrial, se constituyó de acuerdo al discurso de la modernización, como el paradigma socio-cultural que estableció el soporte ideológico de los múltiples procesos de modernización de las distintas estructuras sociales, hiper-modernas y también híbridas, -como en el caso de Latinoamérica- hacia una diversidad de modelos societales cuyas complejidades culturales, políticas y económicas han sido determinadas por un tipo de racionalidad formal que desplazó el relato clásico del discurso moderno asociado a la idea de un proyecto social significativo, integrador o sustantivamente “democrático”.
De acuerdo a esto último en este ensayo nos proponemos problematizar algunos de los modelos clásicos de la racionalización e intentar adelantar –desde un registro teórico- un tipo de sociología crítica que analice los efectos de la racionalidad instrumental en su acepción más Weberiana. Por otro lado, pretendemos bosquejar la dinámica del proceso histórico del capitalismo, cuyas racionalidades internas han devenido, según nuestra hipótesis, en un modelo societal que ha instrumentalizado los diversos componentes simbólicos de la comunicación cotidiana restringiendo el sentido de la acción social a una dimensión contractual y muchas veces utilitaria.
Lo anteriormente descrito, nos lleva necesariamente a una comprensión sociológica de los modelos de racionalidad instalados por el Estado burocrático, cuya legitimidad reside en la exaltación del derecho positivo y en reglas racionales, para poder comprender de qué forma ésta figura de dominación ha sido la base del consenso social y, en consecuencia, de la consolidación cultural del capitalismo industrial y post-industrial.
racionalización y modernización societal
La discusión sobre el concepto de racionalidad tiene distintas acepciones y comprensiones. Muchos intelectuales la asocian a la facultad ilustrada del individuo de utilizar su pensamiento y aprendizaje para poder mediar la relación entre los medios en función de los fines establecidos, todo ello de acuerdo a sus expectativas. Una forma de mediar y evaluar tal tipo de racionalidad descrita se genera a posteriori de la acción realizada, constatando los logros de acuerdo a lo perseguido, utilizando múltiples técnicas de medición, ya sean rudimentarias o también de alto nivel de precisión, como es el caso del indicador empírico cuantitativo.
Por otro lado, el concepto de racionalidad también tiene una acepción “objetiva”, pues se relaciona con la causalidad histórica de un proceso determinado, a ciertas coyunturas y efectos constatables. Muchas veces se habla de la racionalidad histórica, la que atiende a una causalidad lógica de un proceso determinado.
Otra comprensión sociológica del concepto racionalidad atiende, en palabras de Hopenhayn, a una “(…) adecuación de la percepción y acción subjetiva, a una razón objetiva. En este caso la racionalidad vuelve a considerarse una facultad subjetiva, y consiste en conocer un momento dado de la realidad y orientar la propia práctica para adecuarse a ese entorno, regularlo o transformarlo (…)”[3]
Todas estas comprensiones sociológicas y también filosóficas del concepto racionalidad tienen un carácter universal (cuyas consecuencias no son necesariamente homologables), donde se da por sentado que existe una optimización de los medios y recursos para determinados fines propuestos. Tantas acepciones del concepto de racionalidad están asociadas a la multiplicidad de paradigmas científicos, desde el arte, las ciencias sociales e incluso las ciencias formales, pasando por el debate de los estilos de desarrollo, los mundos descubiertos por la antropología cultural y la complejización de las sociedades post-industriales.
Al respecto, nos interesa hacer un primer acercamiento teórico que busca interrogar el tipo de racionalidad que actualmente se ha “cosificado” como matriz analítica, con el fin de comprender por qué esta cristalización del conocimiento –en el marco de una nueva economía cultural- es la orientación que informa el discurso de la modernización.
Max Weber, uno de los teóricos sociales que con mayor precisión desarrolló el concepto de burocracia, explicitó que el híper desarrollo de la racionalidad instrumental es el sustrato de todo proceso técnico-burocrático de conocimiento y especialización, que muchas veces pueden ser comprendidos, bajo la difícil asimilación de marcos interpretativos que pretenden instalar el apogeo socio-cultural de la modernidad ilustrada del continente europeo.
La metodización de la experiencia que Weber interpretó, se constituye como la herramienta técnica del progreso social y sólo se habría desarrollado de forma peculiar en Occidente[4]. Sin embargo, aquí la idea principal, es que sólo es posible un desarrollo capitalista racional sostenido en la cientificidad de las relaciones sociales, políticas y culturales. De otro modo; la confianza en la “razón occidental ilustrada” constituye la esencia del espíritu del capitalismo burocrático.
Es preciso consignar que la racionalización representa un modelo de desarrollo técnico-instrumental característico de las sociedades industriales. Ello se representa modernamente en la ciencia de una forma evidente, como proceso metódico de acumulación de conocimientos que los sistemas burocráticos en la modernidad han operacionalizado, del mismo modo que ha generado su propia legitimación bajo la ideología de la neutralidad valorativa.
Comprenderemos críticamente a la racionalidad “(…) como aquel proceso de matematización progresiva de toda la experiencia y de todo el conocimiento, que a partir de sus espectaculares éxitos en las ciencias naturales, se orientan a la conquista de las ciencias sociales y por último a la del propio modo de vida, es decir, a una cuantificación universal. La insistencia en la necesidad de la experiencia y de las pruebas racionales tanto en la organización de la ciencia como de la vida y la constitución y consolidación de una organización universal y especializada de funcionarios, que tiende hacia un “control de toda nuestra existencia al cual sería absolutamente imposible sustraerse (…)”[5]. En este sentido, la racionalidad sería la disciplina sistemática que se sobrepondría al “irracional deseo de ganar” y estaría orientada a la “rentabilidad” que, a su vez podría transformarse en un cálculo sistemático y metódico: “el balance”[6].
Estas dos variables, en el pensamiento social de Weber, se transforman en los elementos de mayor formalidad y matematización, por lo que son las principales reglas racionales que apuntan a las probabilidades de ganancia de forma pacífica.
Para Max Weber esta funcionalización universal que toma la forma de valor de cambio (noción fundamental en la anti-sociología de Marx) se convierte en la condición de eficacia calculable. El concepto de razón que Weber acuña está asociado a un control que se traduce en una razón que contiene un carácter específicamente “técnico”.
Weber, que veía en la racionalidad formal, la racionalidad y el espíritu motor del capitalismo, advertía en la economía centralmente planificada o economías “socialistas”, un tipo de economía mayormente racional que los sistemas capitalistas de producción, fruto de que los sistemas económicos socialistas tienen, en teoría, un mayor control del cálculo y de la rentabilidad, tras el control sobre los “privados” y el “mercado”.
Sin embargo, Max Weber veía un problema estrictamente técnico en la forma de llevar esta economía centralmente planificada, pues para el autor, la separación entre el trabajador y los medios de producción típica de la nueva organización fabril, -característica inherente a la modernidad tras la organización científica y racional del trabajo-, se transforma en una necesidad técnica que implicaba obligatoriamente el control individual y privado de los medios de producción. Ello a partir del funcionamiento de éste como la socialización y uso colectivo de los medios de producción a la hora de generar las mercancías y, por otro lado, el control y usufructo privado de las tasas de ganancia. De otro modo; la dominación de la empresa por el capitalista responsable de ésta constituye un componente estructural del capitalismo.
A partir de lo último, la complejidad del diagnóstico radicaría en que esta razón técnica necesaria para la reproducción y mantenimiento del control taylorista, de separación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción, implicaría necesariamente una disciplina al trabajo, cual es la disciplina clásica de las modernas sociedades industriales que radica en la obligatoriedad estructural de producir mercancías, especializarse en función de los productos y servicios, y recibir a cambio un salario desvalorizado en proporción con lo generado bajo la división capitalista del trabajo[7].
Para Max Weber, ante todo, la subordinación a la disciplina del trabajo en la economía capitalista –como también socialista-, es la encarnación de la jerarquía personal en el interior de la empresa, comprendiendo este tipo de organización socio-estructural como un amplio proceso de burocratización que regula y controla, al tiempo que compensa y promueve aspectos sociológicos como la movilidad social, la meritocracia, entre otras variables estructurales de aquello que los marxistas designaron dialectalmente como revolución democrático-burguesa. Esta relación estaría explícitamente ligada a la constitución de la especialización y la figura del profesional (técnico) devenido como sujeto de conocimiento instrumental, en contraposición con la figura del trabajador no cualificado (y también la figura de la diletancia).
Una vez explicitado el concepto de racionalidad utilizado bajo el diagnóstico Weberiano, es necesario comprender que ésta es la base de la multiplicidad de procesos de modernización societal en el contexto de la modernidad. Por otro lado, cabe preguntar, ¿de qué forma, el quehacer técnico-científico y profesional una vez que ha seguido la misma base de lo que se ha llamado modernización de la vida social, ha homologado racionalización, tecnificación y especialización, como estructuras solidarias de la nueva matriz sociocultural? He ahí la insistencia en la necesidad de matematizar y sistematizar el conocimiento producido por los “expertos”, con el fin de controlar el orden social a través de tecnologías de cuantificación, tanto en el campo político-económico, cultural y social.
Dentro de las instituciones estructurales y normativas que permiten y también legitiman la especialización y la burocratización del orden social, están las universidades; centros académicos de formación científica e intelectual, compelidos por las exigencias del “Estado” y el “mercado”, que precisamente tienden a consolidar una red institucional con técnicos y profesionales de un alto nivel de especialización en las distintas áreas compartimentalizadas de la investigación empírica, para desplegar precisamente un tipo de ingeniería social que permita un crecimiento económico basado en criterios de eficacia y rentabilidad. Ello dista radicalmente de registros sustantivos asociados a marcos institucionales ideológico-normativos, o bajo “patrones simbólicos” como la libertad, la igualdad social, el fin de la explotación del hombre por el hombre, entre otras, las que estarían asociadas a superestructuras ideológicas desacordes con el progreso técnico-instrumental de la humanidad[8]. Este proceso de tendencia a la especialización, también lo describe Durkheim señalando que la especialización se introduce en el trabajo científico, donde cada sabio se ha ido encerrando cada vez más, no sólo en una ciencia particular, sino en un orden especial de problemas[9]
La figura del funcionario moderno en Max Weber como enclave subjetivo-estructural de la burocracia racional
Es posible encontrar en el pensamiento social de Max Weber, una discusión que nos permite iluminar una de las tantas contradicciones que actualmente aquejan la funcionalidad de la ciencia en nuestra sociedad, donde la labor del Funcionario moderno entra en tensión en su introducción en el campo de lo político. Para Max Weber, “el funcionario no debe hacer política, sino limitarse a administrar, sobretodo imparcialmente[10]. A partir de los insumos que ofrece la reflexión de Weber, respecto de la relación entre saber y administración imparcial, creemos pertinente el cuestionamiento a la figura del profesional[11], de aquel individuo dotado de competencias técnicas que le permiten ajustarse a su ética de la convicción[12].
Contemporáneamente, la idea del funcionario, tanto en la burocracia pública como privada, se nos presenta bajo la figura por excelencia del burócrata, de aquel profesional dotado de herramientas científicas en la administración del orden social (de las decisiones e implicancias públicas como privadas), despojado de un marco institucional normativo y de la connotación público-política que comprende la construcción política del mundo social.
De allí que la emergencia del técnico es representada “(…) como aquella figura que honra con su capacidad de ejecutar, precisa y concienzudamente, como si respondiera a sus propias convicciones, una orden de la autoridad superior que a él le parece falsa, pero en la cual, pese a sus observaciones, insiste en la autoridad, sobre la que el funcionario descarga, naturalmente, toda la responsabilidad (…)”[13]
El profesional, entendido como un técnico social, se convierte en una pieza clave de la maquinara administrativa que, al negarse a cuestionar el registro político y “pragmático de su acción”, evita ineludiblemente el espacio del deber ser de la construcción política de la sociedad, tanto a nivel de construcción material, como a nivel ideológico. Este mismo movimiento racional, que lo constituye como hombre de ciencia y erradica su condición política, sería la tendencia que lo transformaría en un funcionario moderno, aquel que permite la administración de la burocracia pública y privada en el capitalismo. De otro modo; sin esta negación política de si mismo, la administración racional técnico-instrumental no sería posible.
Si extenuamos aún más el argumento, es posible adelantar que el funcionario moderno se constituye como la figura de un autómata toda vez que niega sus condiciones materiales de re-producción. Nuestra hipótesis es que precisamente éste último, se constituye como un ejecutor a-crítico de su acción social, ello toda vez que no genera una reflexión respecto a su procesamiento y consecuencias (las que como indicamos anteriormente, están vinculadas a los asuntos civiles y también a los de carácter público). Por el contrario, la rutinización de la acción social, la posición de “clase”[14], asalarización y dependencia simbólica frente al capital, lo restringe a un operador de ciencia, donde priman sus convicciones utilitarias (interés privado), ante el interés público (normativo). Ahora bien, es preciso consignar que el funcionario, más allá de sus intereses públicos o privados, cualquiera sea su sentido, está sometido al sistema burocrático al cual pertenece, donde la impersonalidad de reglas racionales, compensaciones y restricciones lo coaccionan y reducen a una operacionalizador de técnicas instrumentales, más allá de la significación que éste le asigne a su procedimiento;. El técnico renuncia a la condición social de su acto y así la acción comprensiva no es más que un condicionamiento social cosificado en una estructura institucional.
Una vez consignado esto ultimo, se hace imprescindible explicitar que la crisis de la vocación política y la reificación del funcionario en la administración racional, están asociadas a los problemas que constituyen intrínsecamente al Estado moderno y las formas racionales de administración, así como también, a las relaciones económico-sociales que operan legítimamente al interior de las sociedades avanzadas.
En este sentido, habría que entender que los dispositivos de poder como el “Estado”, cuya institucionalidad burocrática por medio de su estructura buro-política, genera el desarrollo de la sociedad civil a través de la planificación pública, asignándole al mercado la legitimidad y viabilidad de constituirse como espacio de intercambio de bienes simbólicos y económicos entre los actores sociales, ello, con el fin de perpetuarse como “Estado democrático-burgués”, incrementando racionalmente su poder y dominación burocrática, desarrollando simultáneamente prácticas y discursos que coaccionan el orden social bajo criterios científicos subsumidos a “fines políticos”, cual es mantener el régimen técnico-instrumental que consiste en socializar la tecnificación burocrática, las relaciones sociales impersonales y el dominio técnico político de la clase burocrática.
sociología del Estado burocrático
Es preciso advertir, que la burocracia racional es un tipo de dominación más allá de la empresa privada. Así lo define Max Weber en su célebre texto “Economía y sociedad”[15], donde se desarrolla la tesis de que la “burocracia” es un sistema de organización estructural de tipo “horizontal” en la sociedad moderna y el futuro de la sociedad de “clases” en tanto principio fundamental de estratificación. Es entonces en el Estado, donde la racionalidad formal se ha incorporado de mejor manera transformando las estructuras sociales, tomando la mayor eficacia y competencia, controlando la vida de los actores sociales en todas sus esferas comunicacionales.
El Estado moderno, definido por Weber como el monopolio legítimo del uso de la violencia, se presenta en la sociedad capitalista avanzada, como un dispositivo de adaptación donde la racionalización y los criterios de racionalidad formal toman mayor fuerza y cristalización a la hora de la instrumentalización empírica (política pública y planificación social).
El Estado capitalista burocrático cuenta con dos tipos de legitimación, cuales permiten su funcionamiento y su validez, también definida por Weber como dominación –una creencia racional con arreglo a valores de tipo absoluta, en cuanto expresión de valores supremos generadores de deberes (morales, estéticos o de cualquier otra suerte)-que permite la constitución de un orden social legítimo[16]. La legitimación en su doble acepción está relacionada con la coacción social legitimada que ejerce la figura del experto a la hora de tomar decisiones gubernamentales y también de la ejecución de dichas políticas, de forma competente y eficaz. Por otro lado, la legitimidad que representa el Estado burocrático está vinculada a la producción del consenso social que le retribuye el ciudadano de derecho que apoya dicha acción estatal.
La acción política del Estado, desde sus conformaciones más primitivas de administración como Estado guardián decimonónico, incluyendo el cambio estructural que desembocó en intervenciones keynesianas de diversa índole -producto de las crisis cíclicas del capitalismo- y su ulterior traducción económico-cultural a “Estados sociales” o “nacional-desarrollistas”, generaron una implicación directa en el proceso de formación de nuevas articulaciones y tejidos societales con una clara tendencia a la asociatividad público-privada, con un carácter colectivo.
Estas nuevas conformaciones colectivistas, colindantes a proyectos de modernización técnico-instrumental con componentes normativos (integración social, educación pública, igualdad social, significación valórica del trabajo, meritocracia, movilidad social ascendente, etcétera), asociados a marcos institucionales que comportaban una racionalidad sustantiva[17] articulada a la creencia del “cambio social”, culminaron su componente normativo y crítico, con el fin de los megarrelatos de liberación y la ulterior instalación de un nuevo sistema capitalista, que terminó por consolidar diversas oleada modernizadoras en las democracias occidentales. En otras palabras, la tendencia a la introducción de economías neoliberales en desmedro de la figura clásica de los Estados de bienestar o también los llamados Estados sociales (como algunos autores aventuran que es lo que se generó en el caso de América Latina).
El Estado moderno y las instituciones políticas que lo sostienen, se orientan desde un tipo de racionalidad técnica que genera una especie de condición neo-autoritaria que tiende a sobrevalorar el momento coercitivo, de obligatoriedad. Por ello, el Estado capitalista deviene en sinónimo de coacción física (legitimada), paralizando la crítica y la resistencia social al proyecto tecnificador. Esta suerte de neoautoritarismo técnico-institucional no es un proceso aislado, sino que se presenta larvada y transversalmente diseminándose por toda la estructura social sin abolir las instituciones políticas tradicionales, en el cual existen sutiles controles sociales que se expanden e intensifican en una nueva racionalidad, ahora ideológicamente técnica.
Por de pronto, cabe decir que la racionalidad que se impone al interior del Estado, al menos en las sociedades capitalistas, siempre proviene de una influencia ideológica de la ciencia –racionalidad formal de facto-, y sus institucionalidades políticas, tienen principal implicancia en cristalizar los modelos de racionalidad, incluso en las ciencias sociales como las principales legitimadoras de los procesos de operacionalización y ejecución técnica del Estado (economía, derecho, sociología) y la legitimidad de la racionalidad con la que debe operar la sociedad en general [18].
La influencia de países desarrollados, de modelos de capitalismo y sociedades democrático-burguesas, se perfilan como el modelo de desarrollo para el resto de las sociedades cultural y económicamente “permeables”, como es el caso de las sociedades latinoamericanas, desde la modernización del Estado hasta la forma de organizar la producción y la vida de la sociedad civil, todo ello en busca de la eficiencia y de la eficacia, al mismo tiempo que de la rentabilidad capitalista y el balance como herramienta de la administración racional competitiva.
Racionalidad Formal y planificación estatal en el capitalismo tardío
Una vez advertido lo anterior, se hace imprescindible comprender el contexto socio-cultural que se configura bajo la sociedad contemporánea, producto de que los procesos de modernización individualista constituyen un fenómeno de carácter estructural. Ello ha generado un debilitamiento de la histórica relación entre el “sujeto clásico”, anclado a estructuras globales de representación que van desde el partido político hasta la expansión de la burocracia público-estatal. Tras ello, se impone tanto un mercado de bienes materiales y simbólicos, regulador de las relaciones sociales, como una nueva reconfiguración del diseño estatal que se establece como una institucionalidad garante y legítima de esta situación a través de una multiplicidad de políticas públicas que tienden a la sectorialización (y privatización) del conflicto social.
A partir de lo último, tiene lugar la articulación de nuevas identidades locales que explican la actual base de constitución de los actores sociales. Ello se vincula al paso que va de modos orgánicos o colectivistas de representación social a procesos de individuación donde el mercado simbólico constituye una red de coacciones bajo estrategias de fragmentación social. Ello ha contribuido en la configuración de un relato nihilista que prescinde de los proyectos de emancipación y de construcción normativa del orden social, a saber, de aquellos relatos que generaban un lazo social donde la política era el campo de representación y solución de los conflictos sociales.
Ahora, en cambio, se ha constituido un discurso cuya fragmentación es el resultado de un proceso donde las subjetividades se encuentran internamente desarticuladas con relación de las antiguas metáforas de transformación social. En palabras de Álvaro Cuadra, “(…) sin megarrelatos de legitimación, la cultura contemporánea hace suya la lógica mercantil renunciando a dos grandes competencias del saber narrativo: Una visión del mundo holística y al significado psíquico y emocional arraigado en el sujeto (…)”[19].
Antes bien, una vez que el orden social se ha complejizado en una diversidad de redes socio-técnicas que modifican las bases de constitución y representación del sujeto moderno todo ello se traduce en una fuerte irrupción de ciencias localistas que tratan de explicar la multiplicidad de los conflictos del sistema social, como es el caso de la biología, la lingüística, la cibernética, entre otras; las que han intentado exitosamente posicionarse al interior de las disciplinas de lo social, principalmente referidas al sujeto, como también, a la manipulación de la psiquis mediante la instrumentalización extrema de distintas terapias psicoanalíticas. Ello es posible toda vez que el orden social se ha erosionado en una multiplicidad de identidades y relatos minimalistas que estimulan la constitución de campos profesionales autónomos, “compartimentalizados”, orientados a un nivel de especialización institucional, desagregado de todo discurso político-profesional comprometido con el imaginario crítico-constructivo de las ciencias sociales y al mismo tiempo de la construcción del orden social existente.
La desarticulación de los incipientes modelos de racionalidad incrustados en los Estados sociales y también nacional-desarrollistas, que se venían desplegando desde la década de los años 40’ hasta finales del siglo XX en los países en vías de la modernización, sufrieron drásticos procesos de cambio social que culminaron en la destrucción de la colectividad, de la asociación político-partidista, de la asociación público-civil, entre otras variables, para intentar racionalizar un conjunto de sociedades híbridas -entre estructuras de economías agrarias, de prebenda y la coexistencia con las economías capitalistas- bajo los modelos norteamericanos y europeos de desarrollo.
Bajo la hegemonía de regímenes tecnocráticos se han deslegitimado las estructuras clásicas de representación, primordialmente por la imposición de un mercado transversal como eje de las relaciones sociales y también como resultado de la crisis del imaginario moderno. Ello ha confinado a la “política” a un registro utilitario que adopta la máxima marciana del valor de cambio, a saber, sin un “sentido” afianzado en un marco institucional que permita generar procesos de racionalización sustantivos, integrando elementos normativos en la ciencia y sus formas de operacionalizar empíricamente lo social. De este modo; el saber se constituye en la tecnicidad y ello representa un quiebre con las formas de clásicas que concebían el saber como producción social de conocimiento.
La hegemonía de la racionalidad formal es un tipo de modernización societal que no comprende ni comporta elementos normativos. La erradicación de los aspectos integrativos y simbólicos de los “sistemas de significación” como la política (medio de repartición y acceso al poder), la crisis de la “cultura popular”, de la “construcción democrática del orden político”, la “movilidad social”, la “meritocracia instalada al interior del Estado social, como variables asociadas a estructuras de compensación simbólicas, han devenido en un complejo proceso de racionalización técnica transformada en ideología dominante, despolitizando la cuestión social y anulando la “opinión pública” de la sociedad civil.
De este modo, el Estado y la planificación social (sectorial en el lenguaje de la modernización chilena) se transforma en un hilo conductor de la fragmentación social, es decir, que la ideología dominante, la de la burocracia capitalista, busca en la focalización una segmentación social que reduce el antagonismo de clases -instalados en la discusión marxista sobre el capitalismo y sus contradicciones intrínsecas- deviniendo en complejos procesos universales de descentralización administrativa del Estado.
La modernización y la racionalización instalada por el Estado, consistiría en una relación que sentencia el fracaso de la política tradicional mediante un dispositivo focal que prefigura la crisis de representación e integración del sujeto post-moderno en la vida cotidiana. En este sentido se afirma -contra el argumento hasta aquí sostenido- que las políticas públicas y sectoriales en la experiencia chilena fortalecerían la constitución de una sociedad civil activa y participante en la negociación del orden social, así como también sobre los intereses de “clase”, siendo fiscalizadora de las injusticias del “mercado”, lo que pone término al estado burocrático de características keynesianas, para instalar, en cambio, una racionalidad fragmentada y segmentada, la que toma forma en la descentralización administrativa.
La privatización del conflicto, expresión máxima de la racionalidad técnica desplegada por la burocracia pública en los países subdesarrollados y avanzados, se nos presenta como la desarticulación del tejido social tras su focalización particularista, la que incurre en el desconocimiento de los hábitos de una sociedad civil afianzada en estructuras de representación y de asociación (civil, social, política, etcétera). En otras palabras, los criterios de la racionalidad técnica, que hipotéticamente estarían desprovistos de elementos ideológicos, estarían sobrepuestos a los criterios de construcción política del orden social, consolidando un tipo de modernización societal que no comprende elementos y procesos de subjetivación en los individuos, como la generación de redes de solidaridad social.
De acuerdo a una afirmación de Claus Offe, citada por Von Ferber[20], la política social –definida exclusivamente por disciplinas como la economía y el derecho- desemboca en una estrechez mental en la teoría y la práctica de la política pública, tal como se relaciona con individuos o pequeñas comunidades. A pesar de las descripciones formulistas (especialmente económicas y jurídicas) de la política social, las perspectivas normativas en realidad confirman, más que superan, la dualidad no reconciliada de esferas que impone a la realidad social, la ciencia social liberal. En ambos casos, las reglas de procedimiento se contraponen a las “necesidades”, los “hechos” a los “valores”, la racionalidad formal a la racionalidad material[21].
La complejidad del termino racionalidad –en todas sus acepciones universales- evidencia la multiplicidad de motivaciones y expectativas que no pueden ser reducidas a totalizaciones comprensivas. Por el contrario, las racionalidades de interacción dan cuenta de una gran cantidad de subjetividades, biografías y experiencias al interior del orden social que pueden ser concebidas desde formas de organización de la reproducción social hasta los procesos de comunidad y de organización más básica y cohesionados, donde no existan niveles avanzados de diferenciación societal. En otras palabras, la complejidad del orden social comporta distintas racionalidades de tipo subjetivas y objetivas que motivan las acciones sociales de los sujetos, ya sea a nivel individual o colectivo.
El tipo de racionalidad desplegado por las estructuras burocráticas de poder y dominación como el Estado moderno y su tipo de planificación de lo social, es un tipo de racionalidad objetivo-formal, que reagrupa distintos tipos de racionalidades subjetivas de los actores sociales. La planificación social tiene como objetivo considerar y racionalizar distintas formas de comportamientos y motivaciones de la heterogeneidad de la estructura societal, contemplando la diversidad de actores y de clases sociales. Sin embargo, dicha idealización de la planificación, es simultáneamente su complicación, producto de la dificultad de reagrupar subjetividades y distintas racionalidades bajo una misma direccionalidad.
Este tipo de racionalidad objetiva, generada desde los dispositivos institucionales del Estado moderno, primero subordina la complejidad del orden social al criterio del experto, en el cual reside toda la legitimidad de la sociedad. Esto significa que la racionalidad desplegada por el Estado moderno conlleva un tipo de sustrato que contiene elementos subjetivos del planificador, quien detenta el poder y la dominación a partir de la institucionalidad burocrática. Esto mismo, que ha sido tan naturalizado por la sociedad moderna, que deposita su fe en la administración científica y no en los intereses corporativos de ciertos “grupos”, conlleva a que las distintas racionalidades subjetivas de los actores sociales se vean muchas veces contrapuestas e incluso desconocidas por el planificador social. El planificador parte aquí de la coincidencia posible entre su propia racionalidad económica –en tanto planificador a escala macro- y la de los múltiples agentes entramados en el tejido social[22].
Esto último implica significativamente que las motivaciones y expectativas de los actores sociales estén siempre en función de la acción planificadora gubernamental. En otras palabras, la complejidad del tejido social, de las que se pueden identificar diferentes racionalidades subjetivas, expectativas de vida, biografías y coexistencias experienciales, están subordinadas a los criterios técnico-políticos del grupo de especialistas en los cuales está depositada la legitimidad.
De este modo, el sesgo instrumental de la planificación social, consiste en la pretensión de racionalizar el conjunto de las conductas económicas, reduciendo, en importante medida, las conductas sociales y políticas a los criterios propios de las motivaciones económicas, y en homologar los criterios para evaluar dichas conductas conforme a indicadores cuantitativos de agregación[23].
La modernidad estatal, no equivale, sin embargo, al “grado de cálculo que le es técnicamente posible y que aplica realmente” (su racionalidad formal). Designa sólo el grado en que el Estado es efectivamente instrumental para el desarrollo. La modernidad jurídica es el elemento básico de tal instrumentalidad porque, por decirlo de una forma, “desata las energías espirituales” de la sociedad al establecer los derechos individuales como base y límite de la acción política estatal y porque, ciertamente, permite la calculabilidad del derecho por parte de los individuos. Produce así, la universalización social de una específica microrracionalidad económica predominante teleológica (con arreglo al fin “ganancia”), que es el “motor” del crecimiento económico moderno[24]. La modernidad jurídica es, por lo tanto, el “medio técnico” primario con el que una sociedad puede contar para su desarrollo. Sin ella no puede existir economía mercantil[25].
La instalación de la racionalidad técnica como ideología dominante al interior del capitalismo, genera un desplazamiento continuo del ethos cultural asociado a un amplio sistema de significaciones de carácter simbólico-material representadas en la colectividad y los procesos de socialización. Las ideas, las creencias, la racionalidad sustantiva–generadora de sentido-, como aquel componente normativo-cultural, se instalan como elementos motivadores de la acción social, una vez que se le proporciona un elemento de “sentido a la acción”. No obstante, una vez que se aplica la técnica como dominio sobre la naturaleza y sobre la sociedad, la acción con arreglo a fines (desprovista de medios) se establece por si misma como un amplio ejercicio de controles.
De acuerdo a lo anteriormente dicho, es que comprendemos que los criterios técnicos se han impuesto sobre la política como medio de transformación societal. La profecía weberiana ha cobrado relevancia y coherencia histórica, pues el futuro de la sociedad de clases ha devenido en un amplio proceso de burocratización de la vida de los hombres. Ante semejante escenario surgen más preguntas que respuestas. Por de pronto, nos alejamos de las tesis históricas que reducen el problema a un crudo economicismo que desconoce la complejidad del entramado social y los actuales procesos de subjetivación individualistas que responden a un determinado contexto histórico. Se trata de un fenómeno que no puede ser explicado, de acuerdo a nuestra comprensión, a la oligopolización transnacional en acuerdos cómplices de estructuras de poder económico y de coacción de lo social, a fin de aumentar las tasas de ganancia, como aquella explicación en la cual muchos sociólogos y otros cientistas sociales incurren reduciendo la complejidad cultural de las relaciones sociales a la mera actividad productiva y la psicologización de las clases propietarias, introduciendo categorías extraídas de la psicología e incluso, también, de la moral cristiana, las que carecen de coherencia empírico-analítica y, al mismo tiempo, desconocen el problema de la estructura de la sociedad al pretender descansar el argumento en voluntades políticas de micro-agentes (individuos), sin realmente comprender las dinámicas de la sociedad capitalista.
Nos atrevemos más a aceptar un tipo de complejidad de la estructura social que ha devenido en un nuevo perfil societal individualista y neo-narcisista que no puede impugnar ni la legitimación del capitalismo (cristalizado en el Estado de derecho capitalista) ni tampoco sus bases estructurales de funcionamiento (producción y consumo) al no tener opinión pública, ni tampoco poder articular demandas que puedan proporcionar a la política herramientas sustantivas críticas que cuestionen y direccionen un modelo societal común. En este sentido, la tesis habermasiana sobre el problema comunicacional de la acción nos hace situarnos en un contexto donde la tecnificación ha deslegitimado a la política como forma de impugnación y de construcción, donde la especialización y la experticia del funcionario han demarcado un límite estructural excluyente de toda doxa normativa que pretenda instalar criterios y soluciones comunes a los problemas del capitalismo moderno industrial y post-industrial.
Por fin, de lo descrito anteriormente hemos podido visualizar sumariamente , cómo la tendencia a la burocratización por un lado, y la tecnificación de lo social por otro, han devenido en una contractualización de las redes sociales, cuya legitimidad radica en la especialización y la experticia, lo que en consecuencia, ha instalado una relación asimétrica entre las estructuras de poder y dominación, como el Estado burocrático, los sectores capitalistas de producción y la figura del productor, así como también la del ciudadano, quien se ve desprovisto de herramientas legítimas de impugnación.
En este sentido, es posible cuestionar si realmente el contrato social ha superado el momento procedimental del orden social, o bien, la liberación del hombre que la ilustración prometió bajo los principios Kantianos, ha devenido en la racionalidad propia de la jaula de hierro, una “camisa de fuerza” que de acuerdo a los principios analíticos de los teóricos de Frankfurt, la sociedad capitalista burocrática ha instrumentalizado todos las esferas de la vida social. Max Weber hace casi un siglo sostenía con cierto desaliento la siguiente afirmación: la burocracia es el futuro. Este trabajo se hace parte de esta máxima.

* Los agradecimientos por el apoyo y comprensión de Vanessa Party, por su paciencia y pasión por la sociología, así como incondicional aporte teórico que me permitió construir estas reflexiones. Agradezco a mi amigo y académico Mauro Salazar, por su aporte intelectual, su tiempo y dedicación, así como también la amabilidad para ayudarme a construir este texto. También agradezco a Juan Carlos Rauld por ayudarme a cuestionar políticamente mis hipótesis y por su apoyo sin instrumentalidad latente. Mis palabras de agradecimiento a la directora de escuela Isabel Cassigoli, por permitir la realización del taller de teorías críticas, también por su incesable y sistemático trabajo por desarrollar la escuela de sociología. Por último, a mis compañeros del taller de Teorías Críticas, cuyas críticas me permitieron discutir con mi texto, contribuir a mis hábitos de lectura y mejorar sustancialmente el escrito.
[1] Jurgen Habermas ,” Ciencia y técnica como ideología”, Madrid, Tecnos, 184 p. 4ª edición, 2001, p. 53
[3] Martin Hopenhayn, “Ni apocalípticos ni integrados”, Santiago, Fondo de cultura económica (FCE), año, 1994, p.243.
[4] Max Weber, “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, Madrid, Los grandes pensadores, 1984.
[5] Herbert Marcuse, Industrialización y capitalismo en Max Weber “La sociedad industrial y el marxismo”, Belgrano, Quintaria, 1969, p.11.
[6] Herbert, M, op, cit., p.11.
[7] La separación entre los medios de producción y la fuerza de trabajo es explicada con mucha mayor precisión histórica y erudición por Karl Marx en su obra El Capital, donde desarrolla detalladamente el proceso socio-económico que radicó en la acumulación originaria que realizó la burguesía principalmente industrial, en su proceso de conformación de “clase” Sin embargo, tanto Marx como Weber, ven en ese proceso una de las características principales de la modernidad, lo que radica en el primero en una polarización de las clases (propietarias y no propietarias) y en el segundo, la burocratización racional de la sociedad de “clases”. Karl Marx, La acumulación originaria, “El capital” tomo I, trad. Wenceslao Roces, México, ediciones Fondo de cultura económica, 1946, p.607.
[8] Creemos pertinente comprender el concepto patrón simbólico de la lectura que hace Jeffrey Alexander de Talcott Parsons, en su estudio: “Las teorías sociológicas después de la segunda guerra mundial”, p.41. Editorial Gedisa, 1987, Nueva York.
[9] Durkheim, Emile, La división del trabajo social, Madrid, Universitaria, 3era edición 1995, p.419.
[10] Max Weber, “El político y el científico”, Madrid, Alianza, 1998, p.115.
[11] El concepto de funcionario es arcaico, sin embargo tiene mayor procedencia en la cultura moderna, en el que todo el orden político, económico y técnico, es realizada bajo la organización de funcionarios especializados, ya sea estatales o privados, como titulares de las más trascendentales acciones de la vida social.
[12] La ética de la convicción en Weber, responde a aquella creencia en la ciencia y la técnica para llevar a cabo la acción social, la que no debe comportar elementos normativos, ni tampoco políticos. Esta ética, se contrapone a la ética de la responsabilidad, aquella creencia en la normatividad y en un sentido valórico que de sentido a la acción y que responde a intereses subjetivos (de uno o varios actores involucrados). Max Weber, “El político y el científico”, Madrid, Alianza, 1998, p.112.
[13] Max Weber, op. Cit., p.11.
[14] Bajo el “boom” modernizador del Estado del bienestar, Robert Merton afirmaba que el técnico muchas veces pauteaba su acción laboral hacia ciertos sectores del Estado, ello con el fin de mantener su posición de clase ajustándose a la burocracia estatal como forma de obtener una mayor participación en los cambios sociales producto de la proliferación de políticas públicas que consagraban una lógica de la ciudadanía. Por otro lado, existen aquellos burócratas independientes que prefieren el sector privado, porque muchas veces les otorga mayor autonomía y menos exigencia técnica de la burocracia. Robert Merton, “Teoría y estructura social”, México, Fondo de cultura económica, 1964.
[15] Max Weber, “Economía y sociedad”, ediciones Fondo de Cultura Económica (FCE), 1996, México
[16] Max Weber, “Economía y sociedad”, México, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1996, p.27.
[17] La racionalidad sustantiva no necesariamente debe ser entendida en la creencia religiosa, sino también como un lazo social que integra al sujeto a la estructura social, de forma ideológica, cristalizándose en la acción social significativa de la “creencia”.
[18] Nos parece pertinente al respecto, la lectura que hace Norbert Lechnner en su análisis sociológico sobre el Estado capitalista, pues para él, éste expresa un interés general real: la existencia de la Propiedad privada. La sociedad constituida por propietarios privados es “la condición de posibilidad” del Estado; La burocracia pública sólo es posible porque representa una generalidad realmente existente y es necesario porque organiza y garantiza las relaciones de dominación y desigualdad. Es, justamente abstrayéndose del antagonismo de clases puesto por la relaciones capitalistas de producción que el Estado las garantiza. Y es garantizando la estructura de clases que el Estado produce y reproduce la explotación de una clase por otra. Norbert Lechnner, La crisis del Estado en América Latina, “Obras escogidas”, Santiago, LOM, 2006.
[19] Álvaro Cuadra, “De la ciudad ilustrada a la ciudad virtual”, Santiago, LOM, 2003, p.22.
[20] Cita de Offe a C. Von Ferber, sozialpolitk in der wohlstandgesellchaft (Hamburgo 1976) p.76 y ss.;
[21] Claus Offe, “Las contradicciones en el Estado del bienestar”, Madrid, Alianza, 1994, p.76
[22] Hopenhayn, op, cit., p.247.
[23] Hopenhayn, op, cit., p.248.
[24] El crecimiento económico, se establece como un indicador referente de los sistemas económicos neoliberales. Véase con mayor profundidad en Anthony Giddens, La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia, Madrid, Taurus, 2000.
[25] Manuel Canto y Pedro Moreno (compiladores), “Reforma del Estado y políticas sociales”, México, Universidad autónoma Metropolitana, 1994.

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